En España, la separación de poderes se establece en la Constitución de 1978, que establece que el poder del Estado está dividido en tres ramas independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
El poder legislativo está representado por las Cortes Generales, que se componen del Congreso de los Diputados y el Senado. Este poder tiene la responsabilidad de elaborar y aprobar las leyes.
El poder ejecutivo recae en el Gobierno, encabezado por el Presidente del Gobierno, que es elegido por el Parlamento. El Gobierno tiene la responsabilidad de aplicar las leyes y dirigir la administración del Estado.
El poder judicial está representado por los tribunales y jueces, encargados de interpretar y aplicar las leyes y resolver los conflictos legales. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano independiente encargado de garantizar la independencia de los jueces y tribunales.
La separación de poderes en España se basa en el principio de que cada rama del poder del Estado debe actuar de manera independiente y equilibrada, evitando la concentración de poder en una sola instancia y garantizando así el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
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